Mientras la segunda, DMCA, impone cláusulas draconianas para el uso y copia de material protegido mediante restricción de copia (prácticamente todo, pues el movimiento copyleft y el dominio público aún no ganaron suficientemente peso), la primera, PATRIOT ACT, permite la intercepción de las comunicaciones y la entrega de datos de los usuarios a aquellos organismos gubernamentales que lo soliciten… ¡sin informar al juez ni al ciudadano! Esto significa que podrías estar bajo sospecha, el gobierno podría estar investigandote y tú no sólo no lo sabrías sino que si preguntas a tu ISP, éste está en la obligación de mentirte y decirte que nadie le ha pedido sus datos, gracias una vez más a esta portentosa ley.
Para seguir diciendo que no hay peligro para la democracia bajo esas condiciones hay que tener mucho morro, quizá por eso el juez de distrito de los EE.UU. Victor Marrero ha señalado que los interventores deberían contar con una orden judicial antes de proceder a todo eso (intervención de comunicaciones, correo-e, informes médicos, …) (LaRepublica.es aunque en inglés lo comenta Bruce Schneier).
Por supuesto que esta petición no cambia la ley, ni siquiera parcialmente. Pero que se hagan públicas, desde una posición tan determinante para la democracia como es la de los jueces y la independencia judicial, estas voces discordantes es indispensable para que esa situación pueda mejorar. Y cuidado, que ¿por qué hablo de todo eso? Pues porque lo que pide ese señor es justamente lo que aquí pedimos los que nos oponemos a la nueva LISI y al bypass del control judicial que trae consigo. Ya está bien de cheques en blanco.
