La operación Pitiusa puede ser el escándalo de privacidad del año, al menos en el ámbito estatal español. Y es que, en una tercera fase, ayer fueron detenidos como imputados, junto a otros profesionales del sector privado, policías, guardias civiles, inspectores de hacienda, acusados de vender datos privados de personas, desde matrículas de vehículos a historiales médicos completos. La noticía en la web de Informativos telecinco (vía Fernando Acero).
Frente a la crítica más generalizada contra el abusivo acceso a datos personales por parte de empresas privadas (Google, Facebook), a las que la UE por otra parte viene intentando ganar por la mano hace ya mucho, existe la interrogante de qué hacer con los datos privados custodiados por el Estado: ¿cómo prevenir su acceso y abuso no autorizado? ¿cómo impedir que quienes acceden de forma autorizada no abusen de su posición y de esa información privilegiada?
La creciente ambición estatal por acceder a datos custodiados por empresas no es ni nueva ni desconocida. Y tampoco hay mucho asunto por debatir: las empresas están sujetas a la legislación del sitio en el que operan, tanto en Europa como en Estados Unidos.
Por su parte, la UE hace ya tiempo que desarrolla iniciativas y casos amplios con los que justificar el espionaje a personas, a la par que aumenta los datos que está dispuesto a recoger sobre las mismas.
En La sociedad de control (2008) ya argumentábamos que la creciente acumulación de datos personales por parte de la administración tiene demasiados riesgos. Vigilancia y seguridad son enemigos íntimos, y no sólo porque en la función pública hay personas, y todos somos susceptibles de cometer errores, sino porque los datos podrían estar a disponibilidad de cualquiera, ya sea porque una ley lo haga posible, por simple negligencia (ya ha sucedido en la UE), o como ahora, por corrupción pura y dura.
Por supuesto, alguien simulando ser la voz de dios (ya sea bajo la forma de ministro o de barómetro del CIS) anunciará que existen la vigilancia y el control porque las personas están a favor, aunque esa afirmación sea falaz. Y existe el peligro, como comentan en BoingBoing, de que se aproveche la tragedia de Boston para intentar relanzar el ascenso del totalitarismo y la sociedad de control.
Al final, tras tanto hablar de la vida privada como producto, no está de más recordar que el Chernobil de la privacidad puede llegar tanto por la derecha como por la izquierda: no es cuestión de si sino cuestión de cuándo y cuestión de dónde. ¿Será uno de los grandes silos privados de Internet o serán las bases de datos estatales? ¿De qué grifo caerá la gota que habrá de colmar el vaso?
