Aeropuertos y legislación secreta – Ignasi Guardans, El periodico de catalunya
Miércoles, 30 de agosto del 2006. Un grupo de expertos en seguridad aérea están reunidos en la planta alta de un edificio de Bruselas. Tienen biografías profesionales distintas, uno ha trabajado en medio mundo, el otro solo vivió fuera de su país durante unos cursos de formación. Pero todos conocen el último modelo de pantalla de rayos X que hay en el mercado, y tienen opiniones firmes sobre cuál es el mejor método para desalojar con urgencia un aeropuerto. Por parte de España asiste un técnico del Ministerio de Fomento. Juntos integran el llamado Comité de Seguridad de la Aviación Civil, creado en el 2002 para facilitar su trabajo a la Comisión en la aplicación de la normativa de seguridad.
La reunión se celebra a puerta cerrada. El acta será confidencial. En la agenda, un solo punto: la petición del Reino Unido de extender a toda la UE la prohibición de líquidos en las cabinas de los aviones, tras el descubrimiento de un supuesto complot cuyos detalles son también secretos. La conclusión es doble: no se pueden detectar los explosivos líquidos con los actuales equipos, y difícilmente se puede prohibir cualquier líquido en un avión. Quizá, solo quizá, con otros sistemas sí se pueda, pero es muy caro. Tan solo cabe reducir el riesgo hasta un límite que se estima aceptable. Alguien propone seguir lo que ya han probado los americanos: envases de 100 ml hasta un máximo de 500 ml en bolsitas transparentes.
El 27 de septiembre, el Comité se reúne de nuevo, y por mayoría (con varios votos en contra) aprueba un listado de prohibiciones y unas pocas excepciones. También se permiten definir qué entienden por líquidos, en una lista abierta. No son juristas, ellos van a lo importante, al grano: ¿para qué complicarse la vida con precisiones y matices? Ese mismo día, un simple intercambio de cartas con el presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, sin votación alguna, da un barniz democrático al texto. Y el 4 de octubre, la propuesta queda aprobada entre los puntos sin debate por el Colegio de Comisarios, convertida en el anexo secreto del Reglamento 1546/2006.
En apenas cinco días hábiles se ha aprobado una norma directamente aplicable en todos los aeropuertos de Europa. La misma que está detrás de los múltiples interrogantes y contradicciones que han hecho de su aplicación un ejemplo de caos y arbitrariedad en miles de puestos de control. Reglas sin rigor jurídico, de legitimidad dudosa, que no se conocen directamente, solo a través de folletos explicativos. Tampoco las podrá examinar ningún tribunal, al tener carácter confidencial.
¿Alguien imagina una situación similar en otros ámbitos de nuestro sistema jurídico? Es la tecnocracia en su sentido más puro. Pero siempre se puede aprender. A partir de ahora, el Código Penal lo pueden modificar los funcionarios de la Fiscalía General, las leyes de circulación y sus sanciones las pueden aprobar los técnicos de la DGT, y ya nos resumirán su contenido en impresos publicitarios. ¿Para qué necesitamos tanto Parlamento, tanta enmienda, tanta votación, tanto trámite público, tanta segunda o tercera lectura de los proyectos, tanta consulta? ¡Dejemos que nos gobiernen los que saben a golpe de decreto!
Está en juego la legitimidad misma del Derecho que se nos impone a veces desde la UE. Creo no ser sospechoso de falta de convicción europeísta. Y precisamente por ello creo que es necesario denunciar las cosas con claridad. Aunque sea una materia compleja. Porque es esa misma complejidad la que permite ocultar decisiones y métodos que, como la gangrena, están dañando seriamente la democracia del sistema.
En la raíz está la perversión de un mecanismo que la inmensa mayoría de los lectores ignora: la comitología. Les animo a ir a Google: comitología. Verán que no lo he inventado, aunque suene mal. Lo que nació como un mecanismo de consulta para mejorar los procesos de ejecución de las normas se está convirtiendo en algunos casos en un sistema rápido para legislar sin rendir cuentas ante nada y ante nadie. Y, cuanto más compleja es la materia, mayor es la impunidad.
Hoy. un grupo de personas que nadie conoce, reunidas sin publicidad, y que ante nadie responden políticamente, nos han impuesto unas reglas que estamos obligados a acatar dócilmente para velar por nuestra seguridad. ¿Y mañana? ¿Qué nos espera mañana? Tiene gracia (o deprime, según el día) que cuando se le pregunta al comisario de Transportes, Jacques Barrot, consciente de que él no tenía la autoridad para aprobar lo que ha aprobado, responda con cinismo que las medidas que contempla este reglamento fueron aprobadas por los estados miembros y por el Parlamento con arreglo a los procedimientos en vigor. Ya les he contado cómo. Busquen actas o diarios de sesiones donde la ministra de Fomento haya debatido con sus colegas o en el Congreso lo que un funcionario de su departamento aceptó en nombre de nuestro país. No lo encontrarán. En Madrid les dirán que esto lo impone Europa. Y en Bruselas les dirán que sin el consentimiento de Madrid, París o Berlín o Praga no lo habrían podido aprobar. Y, entre tanto, todos a obedecer sin preguntar, y nuestra democracia y nuestros ideales europeos cada día un poco más pobres, cada día un poco más débiles.
El tipo de leyes que se necesitan. No son la solución total, pero muestran un camino correcto: la defensa de nuestra privacidad. En California, después de exigir modificaciones a fabricantes de máquinas para voto electrónico, han decidido pasar un decreto en el que se prohíbe a las empresas obligar a sus empleados a que se implanten un chip RFID. (LA Times via Slashdot).
