No creo lo que veo. Después de todo el debate que nos traemos con los datos personales y el uso que las empesas hacen de éstos (publicidad sobre todo), después de llegar a la conclusión de que la publicidad la tenemos que frenar nosotros porque los publicistas no lo harán (de eso comen). Ahora llega la administración pública y nos deja con la boca abierta.
Se realizan abusos con nuestros datos, a veces incluso por parte de la administración (Generalitat analizando informes médicos para ver el uso de la lengua). Convertir en legal el abuso. Claro, el estado dice que lo hace para favorecer el empleo, pero el verdadero motivo es que ahora no podrán multar a las empresas por disponer de información personal. Brillante.
¿Favorecer el empleo dando datos de la administración? Está por ver qué datos serán transferidos, pero vayámonos a los historiales médicos o al estado civil. No creo que tu historial médico (todos tenemos achaques antes o después) en manos privadas te ayude a encontrar empleo. Ni que una empresa pueda saber que recientemente «pusiste cese temporal a tu relación». Quién sabe si estás deprimido y borracho; o rejuvenecido… y borracho.
¿Quieren fomentar el empleo? ¿Qué hay de la revolucionaria idea de ayudar a los emprendedores que apuestan por el autoempleo? ¿Qué hay de desincentivar la compra de vivienda, que actualmente tiene una rentabilidad del 15% por desgravaciones? Los inversores saldrían a la calle con su dinero y eso crea empleo. Decir que dar mis datos personales y privados a una empresa ayudará a crear empleo es una aberración.
Un párrafo del BOE de 17 de noviembre de 2007:
La información generada desde las instancias públicas, con la potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, posee un gran interés para las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación democrática. Recogiendo ambas aspiraciones la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público, se adoptó con la finalidad de explotar el potencial de información del sector público
Tiene gracia que se acuerden de la «transparencia y la participación democrática» cuando se trata de dar información pública a las empresas y no cuando se trata de la adopción de estándares abiertos y software libre en la administración, verdadero vehículo para la transparencia en este sentido.
¿Qué mecanismos llevan al estado a pensar que las empresas facilitarán nuestra participación democrática si la función del estado es principalmente impedir que las empresas tengan una influencia proporcional a su riqueza? ¿El lobo cuidando del gallinero?
Para rematar la jugada tenemos de nuevo el papel de la Comisión Europea como ordenante al que no se le pueden pedir cuentas. El gobierno está transcribiendo a la legislación estatal una directiva europea de 2003. ¡Están obedeciendo órdenes! ¿Les suena el argumento? Claro, es el consenso de Washington. La creación de estructuras supraestatales ademocráticas que puedan gobernar el mundo sin miedo a que las siguientes elecciones puedan hacer fracasar sus planes. Así llegamos al corporativismo actual que presume como cierta la hipótesis de que cualquier empresa privada actuará mejor que una pública. Lo llaman economía, pero es ideología. Cualquier gasto será mejor si es realizado por una empresa privada. Un dogma.
Estoy indignado. Deudas de privacidad, corporativismo y morro (el morro suficiente para convertir en legal lo increíble). Esto nos lo ha contado Acalpixca, que también está que echa humo. Y a ver si tenemos suerte y alguno de los abogados-bloggers que habitan la blogosfera (pueden leer a algunos en mi feevy) se moja en este asunto. Será interesante conocer la opinión de alguien que realmente conozca esta materia.
