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La sociedad de control es el sistema social pensado para sustituir las democracias dieciochescas y su asamblearismo. Está basada en las posibilidades tecnológicas abiertas con los desarrollos de la segunda mitad del S. XX y tiene su principal apoyo en la deliberada ausencia de medidas legales que limiten el abuso de estas tecnologías. Para entender bien lo que es la sociedad de control primero hay que detenerse a describir el mundo en qué vivimos: la sociedad parlamentaria o asamblearia.
La sociedad parlamentaria se caracteriza por la separación de poderes (legislativo, ejecutivo, y judicial) y porque el pueblo elige democráticamente un número de representantes sobre los que recae la responsabilidad y el poder de dirigir la vida pública (leyes, medidas económicas, gobierno). Cada cierto tiempo la población elige nuevos representantes, momento en el que -idealmente, *sigh*– aquellos representantes que han actuado mal (por incapacidad o por corrupción) son reemplazados por otros. El sistema puede tener sus problemas, como el que minorías muy pequeñas jamás vean realizadas sus propuestas, pero en general no es un sistema aborrecible, al menos es la mayoría del pueblo el que elige a los dirigentes.
¿Cuál es el problema? Nuestra sociedad parlamentaria está siendo debilitada por las élites sobre las que repetidamente recae el poder. El método escogido ha sido el de crear instituciones supranacionales carentes de todo carácter democrático. Estas instituciones están encarnadas tanto en la piel de estados macroestatales (como la UE y todas sus instituciones) o bien en «instituciones internacionales» como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BM (Banco Mundial), la OMC (Organización Mundial del Comercio), la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Ninguna de ellas tiene (1)cáracter (2)democrático. Esta doctrina se conoce como Consenso de Washington y persigue apartar a los ciudadanos del poder, aunque para ello haya que mentir y recurrir a emplear una doctrina de libre mercado de agrio autoritarismo, a la que se recurre para desmantelar los servicios públicos y debilitar la influencia de las instituciones básicas de la democracia. Las partes implicadas en este proceso de transformación incluyen al poder político (encarnado en el gobierno) y al poder económico (encarnado por las empresas). En España se han sumado los sindicatos, bajo estricto control político, haciéndonos recordar alarmantemente aquel corporativismo añorado por Mussolini. Según el propio modelo de estado del dictador italiano, «el corporativismo se refiere a un estado policial gobernado bajo una alianza de las tres mayores fuentes de poder de una sociedad -el gobierno, las empresas, y los sindicatos- todos colaborando para subyugar a la población y mantener el orden en nombre del nacionalismo».
Pero la sociedad digital en la que vivimos hace que para mantener el orden se deba recurrir a un férreo control de los ciudadanos. La sociedad digital, participativa y libre, se convierte entonces en la sociedad de control. De la amplia libertad de creación y comunicación que permite la tecnología digital pasamos a la vigilancia extensiva de los ciudadanos que es posible debido a esa misma tecnología digital. Al levantamiento de vallas virtuales y la creación de propiedades allá donde sólo había un algo que nos pertenecía a todos, para servir a los mismos intereses económicos y políticos mencionados arriba mediante el cercamiento digital y la generación de escasez artificial. Así la tecnología, que nunca es neutral, se convierte en la llave que puede hacer de nuestra sociedad algo más libre, pero también en lo que puede hacer de nuestra sociedad una desagradable distopía.
La clave está en el uso que se hace de la tecnología, en cómo se articula su regulación y sus posibilidades. La clave está en dos topes: el inferior (dónde se limita el control que se puede hacer de las mismas) y el superior (hasta dónde se permite su libre uso). La habitual en lo referente a tecnologías es que se legisle de forma ultrarrestrictiva para nuestros derechos, o bien que no se legisle en absoluto -para verlas venir con tiempo-. En muy pocas ocasiones se tiene la posibilidad de ver una reforma legal que salvaguarde nuestros derechos adecuadamente. Por lo general, para legislar en contra de nuestros derechos se recurre al nacionalismo, como ya hemos dicho. Éste puede ir encarnado bajo dos pieles:
- La seguridad nacional: las medidas se toman para defender la nación, amenazada por el uso que difusos enemigos que nadie puede ver hacen de la tecnología. El clásico argumento de netwars esgrimido en la época de la guerra fría y la guerra contra el terror «supuestamente» instigado desde Moscú. El mismo argumento utilizado por George Bush tras el 11-S. «es un enemigo difuso y la guerra será larga».
- La economía nacional: las medidas se toman para defender a la economía de la nación, amenazada por el uso que los ciudadanos de a pie hacen de la tecnología.
Con este sencillo esquema el enemigo de los estados está tanto dentro como fuera de su territorio (esto significa que el enemigo está dentro, como en las más famosas sociedades bajo vigilancia del S. XX) y para defenderse de este enemigo difuso toda medida de control estará justificada (espía de comunicaciones, videovigilancia extensiva, control aeroportuario, vigilancia y control de la red, obligar al uso de tarjetas de identidad para cada vez más acciones).
El motivo de que estemos realizando una transición a la sociedad de control es que mediante esta sociedad de control los partidos políticos pretenden recuperar con ardores nacionalistas la influencia que décadas de desilusiones electorales y promesas incumplidas les han quitado y que les permitía justificar una agenda de medidas económicas a veces bastante impopulares. Vale la pena indicar que, casualmente, estos nuevos bríos nacionalistas se ven potenciados por las políticas impositoras supranacionales del Consenso de Washington, que llevan a una percepción fría y lejana de las formas de gobierno actuales y que llevan a muchas personas a oponerse a este nuevo orden haciendo suyos esos argumentos nacionalistas, en lo que es una respuesta equivocada a este fenómeno, pues la oligarquía encargada de alejar a la ciudadanía del poder es la misma (ya hemos hablado de la alianza del corporativismo) que promueve el renacimiento del nacionalismo que entorpece la reacción social y facilita la extensión de estas nuevas medidas de gobierno y control.
Así mismo, mediante este control pretenden recuperar el poder que las nuevas tecnologías de la información les han arrebatado. No hay que pasar por alto en este análisis que toda arquitectura de la información sostiene una arquitectura de poder. La arquitectura de la información ha sido históricamente piramidal y centralizada en los poderes político y económico, las nuevas tecnologías abren la posibilidad de articular debates, problemas y soluciones al margen de estos poderes y por tanto la arquitectura de poder subyacente se tambalea.
Dicho de otra forma, Internet y las actividades en red en general les quita a los viejos poderes su capacidad de definir los temas y las preocupaciones de la gente, la agenda pública, haciendo que los partidos políticos pierdan su papel de dirección y timón social. Los partidos políticos han perdido su leitmotiv porque la gente ha dejado de buscarlos como solución, por eso el desapego social a los mismos es creciente. La gente ha comenzado a buscar a la gente. Y es por eso que, cuando se trata de regular y salvaguardar estas nuevas libertades adquiridas, todos ellos actúan rechazándolas sin importar los enfrentamientos ni las ideas que los puedan separar en otros asuntos. Quieren (1)seguir siendo el nodo (2)por el que todo debe pasar y la nueva sociedad digital les aterra porque simplemente dejan de hacer falta en el mapa social, por eso la rechazan y por eso les da miedo. Es por eso que cuando se trata de proteger derechos digitales, la clase político se unen en contra de la sociedad, a menudo para proteger los intereses del poder político, pero también para proteger el de los importantes oligopolistas económicos que gracias a la oleada de privatizaciones de las últimas tres décadas poseen casi todas las industrias críticas (energéticas, telecomunicaciones) y que apoyan económicamente a estos partidos para, en parte, pasar desapercibidos a los ojos de la sociedad y escapar a sus iras.
La sociedad de control presenta, en consecuencia, muchos problemas, siendo el primero de ello su gran déficit democrático. La sociedad de control está sustentada por el poder coercitivo de la vigilancia y necesita de estas imposiciones coercitivas para subsistir. Allí donde la sociedad parlamentaria y asamblearia posee protocolos en los que todas las partes llegan a un acuerdo (unas elecciones son un protocolo de gobierno) la sociedad de control tiene controles, y un control es siempre una imposición de una parte sobre la otra (como la imposibilidad de mantener la intimidad de tus comunicaciones). La sociedad de control es incapaz de defender la democracia porque no nace de ideales democráticos, sino impositivos, y de esta forma se requiere para evitarla la interposición de protocolos, acuerdos sociales que limiten estas acciones y mantengan nuestra sociedad dentro de los límites que requiere toda sociedad libre.
[Esta anotación es parte de un libro que estoy escribiendo, así que aún más que de costumbre se agradece el comentario productivo sobre la misma.]