Pero hace ya unos días que comenzó septiembre y aquí han vuelto los inglesitos, líderes occidentales en espionaje de sus ciudadanos (con mucha ventaja), proponiendo algo tan basto que casi me sorprende que se pueda decir en una única frase: Todos los residentes y visitantes del Reino Unido deberían ser forzados a incluir su ADN en una base de datos gubernamental (BBC News via Slashdot). Bueno bueno, sin alarmas. De momento eso no es más que el deseo de un señor juez de la pérfida Albión hecho palabra. Nada han dicho aún los políticos que podrían ignorarlo… o no.
En un país donde la introducción de un documento similar a nuestro DNI levanta tantas ampollas contra la privacidad, esta base de datos obligatoria actuaría como una tarjeta de identidad impuesta por la puerta de atrás. Eso me hace pensar que no contará, a buen seguro, con la aprobación popular de una ciudadanía que tiene claro que esa identificación ya funcionó en Europa en el pasado.
Además, pese a la sorpresa de estas declaraciones, algo así serviría tan sólo para acelerar un proceso que se está haciendo ya por la política de hechos consumados con más de 7 millones (en las últimas estimaciones que leí) de personas «fichadas» por la policia. Eso sí, es una política de hechos consumado que no gusta. Y en la línea de evolución del modelo de sociedad, de la obligatoriedad de esta base de datos al rediseño del sistema social soñado por Blair (y sus seguidores en esa «tercera vía») hay un plis.
La privacidad desterrada, la seguridad (cuando se estima que ya en la actual base de datos -mucho más pequeña- hay un 25% de errores) bajo mínimos. No crean que la existencia de estos errores ayudan a que estén más seguros, más aún le podrían culpar de algo que hizo otra persona. Y como no podía ser menos, ese invento no es exclusividad británica. En España tenemos nuestros propios planes contra la que sobran los motivos para oponerse, como la posible discriminación social y laboral que podrían sufrir las personas más proclives a padecer algún tipo de enfermedad.
