Ya sabemos que en todo el mundo se está produciendo un endurecimiento excesivo de las leyes de propiedad intelectual como parte de un proceso de privatización de un espacio (el de las ideas y las creaciones) que hace un tiempo (por ejemplo, cuando Shakespeare y Cervantes escribieron sus obras; que no necesitaron copyright para escribir obras maestras) pertenecían a todos y sobre el que no existía siquiera el concepto de que pudiera pertenecer a alguien. Esto proceso de repartir en trocitos la propiedad que antes era de todos es lo que conocemos como el cercamiento digital (por analogía al cercamiento de los campos -hasta entonces de explotación comunitaria- que tuvo lugar hace varios siglos), y en los últimos años se erige, junto a otras medidas, como parte del desarrollo de la sociedad de control. La batalla por imponer la restricción de copia se enmarca dentro, pues, de un proceso mucho más ambicioso.
El mecanismo por el que este tipo de leyes se va endureciendo en todo el mundo esta regido por los intereses económicos de la mayor potencia militar del mundo, EE.UU., y su poderosa industria del entretenimiento. La economía de los EE.UU. es claramente importadora (si no consideramos las armas y demás chucherías), pero tiene en los productos de ocio (música, películas y similares) un auténtico filón de oro para sus exportaciones, llegando este sector a representar en torno al 10% de su PIB. Ante esta evidencia, el gobierno de los EE.UU. promueve por todo el mundo un endurecimiento de las leyes de copyright de forma que en otros países no resulte fácil copiar legalmente estos productos, obligando a sus ciudadanos a comprarlos a su industria, gran beneficiada en todo este asunto.
El sistema es curioso y comprende el empleo de técnicas de persuasión absolutamente mafiosas. Como ejemplo, EE.UU. se permite bloquear el ingreso de paises en las instituciones internacionales (como la OMC -y que esta institución sea buena o mala es tema de otro post-), pidiendo como moneda de cambio el endurecimiento previo de estas leyes. Así sucedió a China, y así sucede con Rusia (que aún espera). Los grupos de presión empresariales estadounidenses presionan a estos gobiernos imponiendo reformas aún más restrictivas que las existentes en EE.UU., para poder pedir a continuación un endurecimiento de las leyes en su propio país con la excusa de «armonizar la legislación» a la existente en el ámbito internacional. Por supuesto, y para que ningún ciudadano pueda quejarse a sus gobiernos, todo esto se hace a través de un intermediario: la World Intellectual Property Organization, WIPO.
Sin duda esto ha funcionado enormemente bien en paises pobres y, aunque también tuvo éxito, éste fue más reducido en los países ricos. Sin embargo, últimamente los paises ricos que mejor habían aguantado estos envites están cediendo hasta niveles tan restrictivos como el estadounidense (a veces más, si se aprueba en Europa el modelo de desconexión y censura por usar sistemas p2p). Tenemos el ejemplo de Suiza, que aprobó su DMCA en octubre y donde la campaña para convocar un referéndum tiene ya sólo 3 días para oponerse, y tenemos también el caso de Canadá, que prepara una ley de propiedad intelectual tan dura como la DMCA estadounidense (Ars), bajo directa presión de los senadores estadounidenses.
Por supuesto, todas estas leyes incluyen artículos que prohíben la eliminación y burla de medidas digitales de restricción de derechos (
DRM), ya que así se exige desde la WIPO, en otro claro ejemplo de cómo los ciudadanos están a dos grados de separación del poder, pues sus gobiernos están subyugados a organizaciones que nadie elige democráticamente; una política extendida mediante lo que conocemos como consenso de Washington.
En este contexto, que la música que se vende en iTunes no incluya DRM pero incluya a cambio marcas de agua es más un caballo de troya que otra cosa. Sucede que de la prohibición tecnológica pasamos a la amenaza de desconectarte de la red si compartes música y a la certeza de que la traza que lleva a tu tarjeta de crédito (necesaria para comprar en estas tiendas online) será clara gracias a toda la información personal que incluyen los ficheros. De la horca a la vigilancia autoinducida, del DRM al «si compartes lo veremos e iremos a por ti» y a la censura autoimpuesta, el modelo panóptico de vigilancia trasladado a la compartición de información entre iguales.
Y mientras todo este abanico de leyes se desarrollan lentamente con el consenso de todos los grupos políticos, nosotros (al menos aquí, en España) permanecemos debatiéndonos en nacionalismos vacíos y discutiendo sobre problemas que deberían haberse resuelto hace 100 años, como si la religión debe estar en el colegio, si los gays deben poder casarse o si Málaga es una realidad provincial dentro de la indisoluble nacionalidad andaluza que se ensambla dentro de la gran españa, a su vez un puntito en el mapa de la gran europa despótica e ilustrada de Bolkestein donde todo se hace para el pueblo pero sin el pueblo. En fin, la culpa al final será sólo nuestra, por dejarnos distraer.
