El consenso de Washington

El consenso de Washington es el nombre con el que se conoce a toda una doctrina económica y política, más en concreto es el nombre que recibe la actual doctrina económica (la falsa globalización) que sirve para gobernarnos y dirigir la vida de millones de personas en la actualidad. Recibe este nombre porque fue definido en Washington, alrededor de 1981. Debe su nombre a John Williamson, economista británico que fue el primero en referirse de esta forma a las medidas que explicaremos a continuación.

El consenso de Washington es el enésimo intento de la clase política y económica por eliminar el poder de las bases del pueblo y sustituirlo por una estructura de poder alternativa al sufragio universal. Esto es lo que se enmascara detrás de lo que se da en llamar «globalización» o lo que se esconde cada vez que nos hablan de «tratados de comercio». Incluso es lo mismo que subyace tras el «tratado para una constitución para Europa». Ojo, soy europeo y europeísta, que nadie se confunda. Pero pienso que otra Europa es posible que no sea la Europa de la concentración del poder y la de la sumisión de todo sector a los omnipotentes distribuidores transnacionales. Una Europa que trate a las personas como personas, no como clientes.

Tras esta mampara nebolusa del consenso de Washington se esconden todo tipo de instituciones supranacionales como la OMC, el FMI, el BM, la Comisión Europea, las Naciones Unidas. Otras que parecen inocuas como la organización mundial de la salud, nos sorprenden con comunicados que parecen provenir de otra parte. Es lógico pues todas están dirigidas por las mismas personas y buscan los intereses de aquellos que las dirigen. Estas organizaciones legislan y dictan patrones de comportamiento (qué está bien, qué está mal) pero lo hacen sin que la ciudadanía les pueda rendir cuentas (sus dirigentes no se eligen por sufragio del pueblo), de forma que toman decisiones que no convienen a casi nadie para que así los gobiernos puedan adoptar esas medidas impopulares y a la vez decir «no es nuestra culpa», «nos lo mandan desde la OMC», «nos lo manda la Comisión Europea», «es para cumplir con el parámetro de estabilidad».

Siguiendo órdenes los estados se curan en salud y pueden tomar una decisión fatal para su industria y su ciudadanía (como la privatización de sus empresas energéticas, la imposición de un canon por copia privada o la inclusión de un canon por préstamo en los libros de las bibliotecas) tan sólo porque lo impone la «liberalización de servicios» impuesta por el FMI, porque es lo que la Organización mundial de la propiedad intelectual (WIPO) pide a sus delegaciones nacionales que exijan o porque la UE nos multa por mantener como gratuito el servicio social de acceso a la cultura más universal, las bibliotecas.

¿Qué dicen cuando protestamos (en los casos que olemos el timo)? «Nos lo han mandado desde Bruselas», «nos lo han mandado desde Davos», «nos lo ordena el FMI», «no es culpa nuestra, no te enfades y vótame de nuevo para que sigamos jodiendo juntos». Actuarán irresponsablemente porque están «obedeciendo órdenes» y a los miembros de esas organizaciones que todo lo deciden no los puede tocar nadie porque no son organizaciones democráticas, no las elige nadie, ninguno de nosotros (bueno, quizá tengo algún lector dueño de un banco y yo sin sabrelo) vota por su presidente. Por tanto estas organizaciones actúan y dictan normas con impunidad. La impunidad que concede la falta de democracia.

Aunque no hubieran oído antes este nombre, el consenso de Washington está muy extendido y recibió con Bill Clinton el espaldarazo definitivo para su extensión global (curiosamente, el odiado George W. Bush ha frenado esto más que otra cosa dada su tremenda facilidad para la acción «unilateral» invadiendo países sin esperar a la ONU -otro de esos entes supranacionales- o firmando acuerdos bilaterales con varios países, como Marruecos). Bill Clinton impulsó decididamente uno de los campos que más ocupan nuestras conversaciones (y de la blogosfera ni te digo…): la globalización de la doctrina estadounidense de copyright, mucho más severa y restrictiva que la del resto del mundo. Bajo el mando de Clinton EE.UU. obligó a China a legislar durísimamente en este ámbito si quería entrar en la OMC (y China lo hizo, sabiendo que eso deja fuera del acceso a la cultura a mil millones de chinos que no pueden pagar los carísimos precios que impone occidente; bajo el mando de Bush están intentando lo mismo con Rusia, pero no es -en absoluto- prioritario para Bush). También en Europa notamos esta presión yankee, tan sólo porque el producto de exportación que más dinero aporta a las arcas de EE.UU. ya no es la industria tradicional: sino el entretenimiento. Mientras Google dice que las patentes en aquel país son cada vez peores, el signo claro es que ya no ganan dinero porque construyan mejores cosas, sino porque imponen restricciones antinaturales al sistema para generar escasez de un producto que no vale nada replicar. Todo esto es consecuencia de esta nueva manera de entender la economía, la política y el imperialismo como un todo mezclado y supranacional: una élite que incluya a gente de todas partes para evitar levantamientos (con apoyos, claro) en otras partes del mundo.

Para que entiendan las consecuencias de ésto: las privatizaciones en España fueron ordenadas por el FMI (aka, por EE.UU.), en el marco de esta «liberalización» promulgada por esta doctrina. En España, sin ir más lejos, hace veinte años el estado habría sido responsable del apagón de BCN y todos esos vecinos sabrían a qué puerta pegar para pedir cuentas. Ahora una empresa privada se lava las manos y le echa la pelota al Estado. El estado poco puede hacer más que repetir (igualmente) «yo no he sido», pero ni siquiera puede amenazar a la empresa concesionaria con quitarle el servicio porque no hay alternativas (ya que la infraestructuras las controla ahora FECSA). Igual en otros sectores: lo que se supone que debía de ser un mercado de telefonía móvil liberalizado, barato, accesible y de calidad se convirtió en un oligopolio con tres operadores -y ahora un cuarto convidado de piedra- (algo que, por cierto, también se podría haber hecho manteniendo telefónica como público) que para colmo se repartieron toda europa (Telefonica, France Telecom y Vodafone tienen importantes licencias en casi todos los paises europeos que he visitado). En Europa podría haber 27 compañías, pero no creo que haya ni 10. Eso es la falsa liberalización: concentración, sólo que en otras manos.

En este proceso de venta de lo público, los ciudadanos ya no saben a qué puerta pegar para pedir responsabilidades porque todos dicen «yo no he siiiido». De esta forma encontramos como el proceso de privatizaciones global (la liberalización de los servicios y la venta de empresas públicas es el punto fuerte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional) sólo sirve para debilitar al estado y fortalecer a entidades privadas que pueden actuar en contra de la población sin miedo a perder las próximas elecciones. No es que yo sea un nostálgico del estado fuerte centralizado, es que creo que se ha producido el cambio y hemos perdido el tren para obtener, mediante el cambio, una situación más justa socialmente.

De poco sirven entonces las elecciones si lo que podemos cambiar con ellas no es el núcleo que va a dirigir nuestra vida en sociedad sino lo accesorio, y eso es lo que sucede cuando todos los servicios públicos (ojo con la «Constitución Europea» que pretende privatizar la sanidad y que pese a haber sido modificada no va a ser votada en referéndum) son privados. Cuando las elecciones no sirven de nada, el consenso de Washington ha triunfado porque ese es su leitmotiv: crear arquitecturas de gobierno impunes a las que los ciudadanos no puedan exigir nada. Una vez conseguido eso los ciudadanos no son ciudadanos, sino clientes o consumidores. Porque el concepto de ciudadano implica ser parte de algo, poder actuar. En este contexto la gran masa de personas del mundo somos excluídos de la toma de decisiones. No somos ciudadanos, somos siervos.

Referencias:
Nunca había oído hablar sobre el consenso de washington hasta que dos libros que he leído este verano dedicaban un poco de atención a él. Estos dos libros eran aparentemente muy diferentes: Vallas y ventanas se centraba en el problema del activismo clásico, aunque enmarcado en el movimiento conocido como antiglobalización de los últimos años. El anarquista en la biblioteca es un libro sobre propiedad intelectual (uno de los campos en los que la doctrina globalizadora e impositora del consenso de Washington presiona con dureza) que tampoco puede evitar hablar de este asunto para situar al lector en contexto correctamente.