No suelo hablar mucho de ciencia en el blog, aunque a menudo podría contar alguna que otra cosa. Sin embargo hoy vamos a hablar de ciencia y, más exactamente, de la forma en que la ciencia se viene construyendo desde hace siglos: mediante la publicación de los resultados de investigación de forma revisada y autorizada por otros científicos que tengan un cierto bagaje investigador en el ámbito científico relacionado. En esencia, eso es el método científico: poner los resultados de investigación a disposición de otras personas para que puedan verlos, repetir el experimento si quieren y comprobar que dices la verdad (o descubrir si mientes). Vamos a hablar de cómo conseguir que estos resultados de investigación sean más accesibles para todos (al menos en los casos en que la misma ha sido sufragada con dinero público, que son una amplia mayoría de los mismos incluso en los sitios donde las leyendas urbanas afirman que está privatizada como EE.UU. y Suiza). ¿Cómo hacer que los resultados de investigaciones pagadas con dinero público sean más accesibles? Publicando los mismos en repositorios de acceso libre o en revistas Open Access.

A Open Access le dediqué un post bastante largo en diciembre de 2007, que sigue siendo plenamente vigente: Open Access y porqué los resultados de la investigación científica deben ser libres.

¿Qué ha cambiado desde que escribí ese post? Pues que la UE acaba de aprobar un programa piloto según el cual se obligará a que los resultados de investigación obtenidos con fondos europeos estén disponibles con acceso libre con mucho retraso a los 12 meses de su publicación (Europa.eu, via). Así, tras un periodo de entre 6 y 12 meses, las empresas e instituciones que se beneficien de fondos europeos para investigar, estarán forzadas a permitir el libre acceso a sus resultados de investigación. La UE sigue así los pasos de los Estados Unidos, que este mes de enero aprobaron una medida similar para investigaciones biomédicas, pero la superan por cuanto generalizan a todos los ámbitos.

Pero seamos críticos con la propuesta, porque siendo un innegable paso adelante, tiene puntos flacos que le quitan casi toda la fuerza.

¿Qué me gusta y qué no me gusta de este programa piloto?

• Libre acceso. La primera consecuencia de esta medida es evidente: libre acceso para artículos de investigación con más de 1 año de antigüedad. Muchas universidades con pocos recursos agradecerán poder acceder a las revistas que compran habitualmente y a los números más viejos de esas que no se pueden permitir pagar. Es sin duda la mejor consecuencia del conocimiento libre y este programa (aún en pruebas) promete alcanzar algo que muchos pedimos hace tiempo. Al obligar a hacerlo de este modo, se permite que esto tenga lugar. De no ser así y tener que producir los investigadores el cambio por sí mismos, nunca tendría lugar pues están inmersos en una guerra de publicación cualificada en la cual publicar en un diario de acceso libre y poco conocido puede dar al traste con tu próxima financiación. La única forma de conseguir que Open Access avance es imponerlo de forma que los investigadores no vean peligrar su proyecto por publicar los datos en un repositorio de libre acceso. De verdad es necesario, ¿sabían que los trabajos que publicó Einstein y que comentamos el otro día aún no son de libre acceso? (aunque la red lo haga posible así casi sin querer...).
• ¿Por qué 12 meses de plazo? Para contentar a los editores. El sector de las publicaciones científicas con peer-review está copado por muy pocas editoriales que controlan la mayoría de revistas. Obligar inmediatamente a publicar los resultados de investigación bajo condiciones de libre acceso aniquila su negocio. Los 12 meses de plazo están destinados a callar la boca de las editoriales.
• El golpe sin fuerza. Pero al dar un plazo de 12 meses para acallar a las editoriales, la medida pierde una parte importante de su finalidad. Esta medida tiene como fin que el dinero público que ha pagado la investigación no se tenga que seguir gastando en acceder mil y una veces (tantas como centros de investigación) a estos resultados. Pero dar 12 meses de ventaja al editor permite que éste siga cobrando su suscripción, ya que en estas publicaciones se valora mucho tener acceso a los resultados más recientes. Más aún, si el editor decide que su negocio está ahora amenazado, subirá el precio de las mismas y comenzará a cobrar por el acceso al último año de resultados (los anteriores serán libres) el precio que antes cobraba por toda la colección. En un ecosistema abundante eso no sería posible (subir los precios de forma especulativa), en el pequeño oligopolio editorial científico (capaz de imponer condiciones draconianas de distribución a sus artículos), será una realidad antes de que tengamos tiempo para pestañear.

¿Qué conclusión tenemos? Es un paso adelante, pero de momento es tibio porque el plazo de retención de 12 meses nos forzará a seguir pagando por algo que ya hemos pagado (la investigación se hace casi toda con dinero público, incluso la que supuestamente se hace vía fundaciones, pues éstas suelen depender enormemente de los fondos que les da el estado). Por tanto, el proyecto debía haber sido más ambicioso pues este tipo de información debería ser plenamente accesible por cualquiera. Además, no hay que olvidar que es sólo un programa piloto que no es definitivo (aunque confío en que se instalará de forma definitiva). Open Access está ahora un poco más cerca de hacerse realidad, como siempre debió ser: la investigación científica debería ser de dominio público.

Enlaces:
Nota de prensa.
Toda la información sobre el programa piloto.

He gastado unos minutos con Inkscape para hacer la imagen que adorna este post. Es un eslogan en inglés que me encontré hace algún tiempo por algún rincón perdido de la web de Open Rights Group.

La próxima vez que compren algo (hardware, música, películas, software) con DRM y descubran que no les obedece a ustedes sino a su verdadero dueño, que no son ustedes (for your safety, dice el encantador de serpientes, y yo me lo creo, ¿sabes?), en lugar de patalear por lo mala que es la empresa (bueno, si es Apple eso no sucederá ni aunque se congele el infierno) acuérdense de que ya sabían que lo que compraban no era un reproductor de mp3, sino una puta mierda. La próxima vez que alguien les cobren 20 euros por darles algo que ya habían pagado, dénse cabezazos contra la pared porque se lo tendrán merecido. Eso en lo referente a cacharros.

Por otra parte, en un mundo justo, en el que «la ley» actuase de verdad, hace tiempo que el gobierno habría multado a todos los que se empeñan en vender DVDs, Blu-rays y CDs de audio (también en formato digital) que me impiden hacer uso de mi derecho de copia privada con la excusa de defender la propiedad intelectual y «facilitarnos» cumplir la ley que la regula. Se da la casualidad de que la LPI me permite copiar todas esas cosas para mi propio uso, así que hasta el momento los únicos que incumplen la ley son ellos, que no me dejan.

La cosa es que ya sabemos todos quién de los sentados a esta mesa no tiene a nadie que lo defienda; ellos se buscan y se apoyan entre ellos. Nadie está de nuestra parte.

¿Qué quieren que les diga? Mis derechos digitales no necesitan que ellos los gestionen restrinjan. Yo me pillé un Meizu y estoy retocao de contento escuchando la música en el formato que me da la gana. Y el que me espere ver pagando por un Blu-ray que ni siquiera podré reproducir en mi portátil ni usando mi sistema operativo, es que no me conoce.

Es una cuestión de principios, y no los compro porque ese modelo no se corresponde con lo que es mejor para todos.

¿Ha quedao clarito?

¿Se acuerdan de cuando el secreto de las telecomunicaciones era algo sagrado, intocable y estaba rodeado de un aura de inmutabilidad? El secreto de las telecomunicaciones nació de la necesidad de una minoría dominante (que tenía acceso a todo) de proteger sus asuntillos frente a una masa social que por no tener no tenía (en muchas ocasiones) ni teléfono fijo. De móviles e internet ni hablamos, les digo que este derecho viene de antiguo.

Hasta hace relativamente poco, de hecho, se tenía a este derecho en alta estima por parte de nuestra clase política. Que le dedicó un artículo en la constitución de platino iridiado de 1978 (en concreto, 18.3), ya que ayudaba frecuentemente a salvar sus sucios culos cuando los pillaban hablando por teléfono de asuntos turbios. Por supuesto, colateralmente todos nos beneficiamos porque este derecho tiene un gran valor democrático. Protege a los ciudadanos del abuso del Estado que a veces quiere escuchar lo que no debe, en la lucha constante contra el latente «enemigo interior».

Hace unos años, en los últimos años del felipismo, en este país se aludía constantemente a este derecho como algo inalienable, como consecuencia de las escuchas ilegales que el CESID llevó a cabo en teléfonos de numerosas personalidades del Estado a partir de 1992 (pincharon teléfonos tan dispares como el del español más igual o los de las sedes de HB). En aquellos años la intromisión en las conversaciones privadas de las personas eran criminalizadas por los mismos medios que ahora las defenderán como parte necesaria de la seguridad.

¿Por qué ahora cualquier excusa es buena para pinchar las comunicaciones? Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido y pronto España (de prosperar las irritantes recomendaciones del director de la AEPD, que ya manda cojones) pinchan o planean pinchar las comunicaciones de todos sus ciudadanos. En unas ocasiones lo hacen en nombre de la seguridad (aunque el s. XX nos enseñó que el exceso de vigilancia estatal es un peligro para la seguridad de los ciudadanos); en otras lo hacen para defender los mal llamados derechos de autor recordándonos porqué frenar el cercamiento digital y ganar la guerra contra los abusos que tienen lugar en nombre de la propiedad intelectual es crucial para el futuro de la libertad. Cuando autoridades autoproclamadas se atreven a redactar las leyes, ¿qué queda de la democracia? ¿qué del parlamento elegido entre todos para que nos represente y nos haga la vida más fácil y mejor? ¿Qué del acuerdo de ciudadanía que nos vincula con esas instituciones? Cada vez menos.

De norte a sur, toda Europa ha iniciado una campaña de supresión de derechos y libertades básicos. ¿Qué lugar queda para el secreto de las comunicaciones? Ese derecho otrora sagrado e inmutable es ahora un estorbo para la nueva sociedad de control. La semántica de combate hace su parte y los medios transmiten el mensaje: las comunicaciones privadas son cosas de terroristas y un ciudadano de bien (escalofríos recorriéndome sólo de pensar que volvemos a la semántica franquista) no tiene nada que ocultar.

En estas estamos.

Lo veo y no lo creo. Me pellizco, parpadeo, me froto [los ojos, malpensados] y sigo sin creer lo que veo. Me pasan un enlace aparecido en portada de Meneame donde se enlaza a una nota de prensa de la Agencia Española de Protección de Datos, descargable en formato PDF.

La nota de prensa se hace eco de la ponencia del actual director de la AEPD, Artemi Rallo, en el V Foro de las evidencias electrónicas. En ella, se dice que «el director de la AEPD propone el desarrollo de una norma con rango de ley que permita un equilibrio entre la protección de derechos de autor y el derecho a la protección de datos», y que para ello remitirá al gobierno una propuesta que regule legalmente este asunto.

Lo que sucede es que ese asunto ya está legislado. En España la copia privada no es ilegal, como nos quieren hacer creer. Sucede que mis comunicaciones deben ser privadas, acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es lo único que garantiza mi libertad. Y sucede que buscar el «equilibrio entre derechos de autor y proteción de datos» no es argumento suficiente para sacrificar mi libertad.

No señor. No estamos hablando de entrar a los ordenadores del CNI, robar información clasificada y usarla para desvalijar el oro del banco de españa. No. Éste hombre no quiere desvelar la identidad de peligrosísimos delincuentes, sino la tuya y la mía, la suya, la de todos aquellos a los que conozco: quiere traicionar todo aquello que el organismo que dirige dice defender. ¿Derechos de autor? Muy poco motivo para que sea el presidente de la Agencia Española de protección de Datos, el hombre que debe guardar mi privacidad a buen recaudo, el que azuce el fantasma de los derechos de autor frente al gobierno del Estado.

A todos los que estén respirando tranquilos sobre la solidez legal del carácter privado de sus descargas les recuerdo, muy puntualmente, que la pasada Ley de propiedad intelectual redefinió la copia privada de muy mala manera, pues la actual definición permite la ilegalización de las descargas y la eliminación de la propia copia privada legal. Les recuerdo, además, que tanto PSOE, como PP, como IU, como .... pleno en el congreso que teníamos entre 2004-8 votaron a favor de la mencionada LPI.

Háganse el favor de abandonar las luchas partidistas («y tú más») que tanto gustan a esa pandilla de mediocres que acostumbra a sisarnos los derechos con cada nueva reforma que nos hacen. Háganse el favor de mirar quién está a un lado y quién al otro de esa línea de tiza imaginaria: esto no es el PSOE malo ni el PP bueno (de IU ya ni hablo, cavaron su tumba ellos solos), ni viceversa. Esto es el poder contra el pueblo llano.

Señor Rallo, ¿cuál es su función? ¿Proteger mis datos o proteger los intereses de una escasa minoría frente al bien general? ¿Brindarme la privacidad que demando o erosionarla? ¿Trabajar para el Estado o para la SGAE (suponiendo que en tan sorprendente matrimonio exista régimen de separación de bienes)?

Pero, ¿nos hemos vuelto locos o este grado de estupidez es el que gastamos habitualmente? ¿Cuándo, sin darnos cuenta, pusimos al lobo a cuidar de las gallinas? Estamos jodidos.

De la conversación generada en el hilo anterior (Vota ISP, vota por el cambio, que versa sobre la cada vez mayor transferencia de poderes desde las administraciones públicas a todo tipo de autoridades (¿autoproclamadas?) privadas, en concreto hablábamos de restricción de copia) rescato ahora un importantísimo comentario de ALyCie que nos avisa de todo lo que en materia de propiedad intelectual se está tramitando a marchas forzadas en la UE. Todo ya en el horno, preparado para que salga adelante durante la presidencia francesa de la UE.

El comentario:

Ya lo titulan en verde sobre la Fifth (¿filth?) Freedom!!

a) Green Paper - Copyright in the Knowledge Economy
b) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - An Industrial Property Rights Strategy for Europe
c) Proposal for a European Parliament AND Council Directive amending Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council on the term of protection of copyright and related rights
Todo bajo la presidencia francesa de Sarkozy.

El documento a) tiene carácter divulgativo/informativo para ayudar a ajustar el copyright a las nuevas necesidades de protección intelectual que se necesita para incentivar la creatividad científica. Así tal cual. ¿Quién coño ha escrito eso? Desde luego, hay papeletas de que no lo haya escrito un científico. El método científico está basado enteramente en la compartición de la información, en usar lo que ha hecho otro y llevarlo un paso más allá. Eso es ciencia, no protección intelectual de la creación científica. Aunque no lo he leído entero porque es bastante largo, más bien parece que lo haya escrito un editor. De hecho, parece hecho a mayor gloria de Elsevier. Y puta la gracia que me hace. Seamos claros, si es información científica (casi toda pagada con dinero público) debería ir al dominio público, y estos tipos quieren endurecer su restricción de copia (aún más). Encima tienen la cara dura de hablar de la quinta libertad, será más bien el quinto control que deberemos pasar. O la quinta mierda.

El documento b) habla de endurecer los derechos de patentes industriales, pero sorprendentemente recomienda subir el listón para conceder una patente. De esta forma se evita que se patenten estupideces y que se concedan patentes sobre «invenciones» tan parecidas que sean, de hecho, la misma cosa. Más sorprendentemente aún, recomienda que esta subida de listón considere (para no agrandar la bola de nieve) la posibilidad de no permitir que se concedan patentes sobre áreas no patentables en absoluto como el software y los modelos de negocio. Lo he leído en diagonal y pese a que el sistema de patentes requeriría de hecho una relajación del mismo (reducción del periodo de explotación exclusivo), podría haber sido peor. Nos tienen acostumbrados a que sea peor. Otro punto malo es que también piden el fortalecimiento de la protección legal de las marcas, un ámbito que creo especialmente complicado dentro la todo eso que se denomina propiedad intelectual.

El documento c) es la prolongación de la duración del monopolio estatal de explotación comercial concedido a las grabaciones musicales más allá de los 50 años.

Todo eso está en el horno ahora mismo. Preparado para salir ahí fuera y limitarnos aún más lo que podemos hacer con las cosas que usamos diariamente. Está claro que a Supersarko la grandeur de la France se le queda pequeña; su ambición no cabe en esa pequeña parte del mundo.

Desde ya tenéis permiso para echaros a temblar. Hoy más que ayer, Esta Europa NO. Tiene que haber una forma de que las cosas se hagan bien, está claro que todos esos documentos no nos llevan por el buen camino.

Resulta que en el Reino Unido un grupo de seis ISP (los seis mayores, con lo cual eso prácticamente equivale a todo) han acordado colaborar con el Estado para filtrar el tráfico de los usuarios (TheInq) y detectar quién está usando programas de p2p. Vaya por delante que en Reino Unido no está permitida la copia privada (aunque lo legal no sea lo justo, esta situación sí que permite acciones policiales más duras), así que aquí ese tipo de medidas no serían legales a día de hoy. Para completar el pastel, valga decir que aunque no tienen copia privada y les van a filtrar y bloquear el tráfico, van a tener que pagar su canon, reuniendo así lo peor de las «dos doctrinas» del derecho en materia de propiedad intelectual (nuestro canon y su no-copia privada). Un error elevado al cuadrado.

Dicho esto vayamos ahora al razonamiento para bloquear el p2p: ¿Tienes un cuchillo? Entonces está claro que pretendes asesinar a alguien. Se da por hecho que todo el tráfico p2p es de obras protegidas y se da por hecho, además, que este tráfico provoca lucro cesante; es mucho dar por sentado. Así que tráfico controlado, tributo obligatorio, aunque sea un impuesto que regule una actividad ilegal en ese país. Con tal de recaudar, aquí todo sirve. Siempre le podrán echar la culpa a Europa, como si Europa no la estuvieran construyendo ellos, sin contar con nosotros (obviamente).

Lo mejor de todo es ver lo bien que se apañan el estado y estas corporaciones cuando todos tienen algo que ganar; cuando van todos en el mismo barco aquí no hay problemas, pelillos a la mar y lo celebramos sin acritudes. El estado gana control sobre una herramienta que ha demostrado ser capaz de modificar la agenda pública y los ISP van ganando la posición de proveedores y amos absolutos de los contenidos o, mejor dicho, del grifo que los deja pasar (ambición que comparten con empresas como Nielsen o Nokia).

Quizá alguien en una discográfica esté celebrando estas medidas sin saber que, en realidad, aquí los ganadores son los ISP, cuellos de botella de todo el tráfico que podrán comenzar a exigir a unos y a otros qué se transmite y qué no. ¿Neutraliqué? Neutralinada. Lo próximo será obtener poderes para bloquear absolutamente la conexión (salvo si pagas el diezmo) o expulsar a los internautas. Echarlos fuera de la red y mandarlos directamente a la soledad analógica de 1965, como en Francia.

Está claro que todos quieren ser el proveedor de los datos, entendiéndose como tal el que posee la llave última que abre el grifo (o lo cierra) hacia el usuario. En España los ISP también se dejan querer, evidentemente están esperando su momento. Y en esta europa, su momento les llegará. Los lobbistas tienen la guerra ganada contra una población que aunque saliera del estado de febril opiosidad televisiva, no tiene ya una posición de fuerza en las negociaciones del nuevo contrato social, pues ha sido apartada de una producción industrial cuya huelga podría paralizar nuestros países.

¿Cuándo llegará este momento? Recuerdo haber leído en alguna parte (no tengo la fuente porque ni la recuerdo) que en una de esas reuniones donde gente de todas partes del globo se había acordado extender a todas partes del mundo la legislación ultrarrestrictiva predicada por los EE.UU., que a pesar de hablar constantemente de libre comercio pretende con esta medidas implantar un férreo proteccionismo para su industria. Eso lo leí hace mucho y la realidad parece ir por ese camino, con el G8 aprobando el ACTA.

En fin, que el trasvase del control y ordenamiento de la vida pública a empresas con «labor policial» privada sigue progresando. Por nuestro bien, no sea que votemos a los políticos equivocados y acabemos viviendo mejor. Y pelotazo asegurado (para algunos), saqueo para todos los demás. ¿Alguien se imagina cuántos votos recibiría un ISP si se presentara a las elecciones? ¿Por qué entonces los estados los facultan para llevar a cabo injerencias en la intimidad de las personas y para controlar el tráfico de internet de esas personas?

Está claro que no nos dejarán elegirlos, pero los ISP pueden acabar teniendo más poder que cualquier partido en la oposición, sin un solo votos; una cita electoral tras otra (es lo que tiene que no tengan que votarte).

Una noticia que ya tiene casi un mes pero me parece tan importante que no la puedo dejar sin publicar. El gobierno holandés pide a los investigadores que encontraron deficiencias de seguridad en el chip rfid de la oyster card(*) que no publiquen los resultados (TheRegister).

Me recordó peligrosamente al caso de unos investigadores estadounidenses que averiguaron cómo romper un sistema anticopia y que, en virtud de la DMCA, fueron censurados bajo la amenaza de cortarle toda la financiación y perder su puesto de trabajo si incumplían la ley. Con ese buen rollito da gusto, por cierto, que sea el Estado el que te pague... y te extorsione. Esto muestra, además, cuál es el verdadero fin de mucha legislación sobre propiedad intelectual.

Sin embargo, el gobierno holandés tendrá que soportar no sólo las culpas por haber extendido un sistema RFID poco fiable, sino la vergüenza de ver cómo los tribunales le dan la razón a los investigadores, que podrán publicar sus datos a partir de octubre (TheReg).

El caso del DRM lo leí hace ya mucho tiempo en El anarquista en la biblioteca. Imagináos que en Europa aún no tenemos una ley como la odiosa DMCA, aunque el G8 quiera introducirla con calzador, la UE quiera ampliar hasta 95 años la duración del privilegio de explotación musical y las enmiendas torpedo quieran subyugar a la sociedad digital. ¿Tendremos la misma suerte cuando todo esté en marcha? Mejor no comprobarlo.

Nota al pie:
(*) en la Oyster y en otro montón de tarjetas que usan chips similares.