«¿Cuántos de los lectores saben que en España los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Policía Nacional, Guardia Civil, policías autónomas e incluso las Fuerzas Armadas, no necesitan una orden judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas? A este respecto existe tan solo una normativa, la Ley 11/2002 de 6 de mayo que regula el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia.»
Así de explosivo comienza uno de los mejores post que he leído últimamente. Lo publica Patxi Igandekoa en su blog, al que llego vía David y que me anoto desde ya en mi lector de feeds, para darle una oportunidad que se ha ganado de sobra, porque el blog promete mucho.
Tiene otros párrafos interesantes (las negritas son mías):
«Mucha más fe es la que se necesita para creer lo contrario, que siendo tan fácil y no existiendo una cobertura jurídica garantista de ningún tipo para los derechos del usuario telefónico, el gobierno de la Nación no se vea tentado de utilizar unos medios técnicos que le ponen en bandeja no solo las conversaciones de la oposición, sino las de cualquier ciudadano del país. El incidente podría haber servido para iniciar una sana polémica sobre la protección judicial de las telecomunicaciones, pero por desgracia ha degenerado en la rebatiña partidista de siempre.»
Ya avisé que estábamos de vuelta. El verano, muy de calma chicha –como dice Acalpixca, se acaba. Sigue el movimiento en la lucha por las libertades digitales y, una vez más, parece que tenemos todas las ideas constructivas de nuestra parte. Por ahora, vayan a leer ese post de Patxi, es la mejor lectura posible para esta sobremesa de agosto.
SITEL no es un sistema nuevo, aunque sí es muy poco conocido por la mayoría de personas. No está de más que seamos conscientes de hasta que punto hemos entregado un poder excesivo al Estado a cambio de una falsa sensación de seguridad, de hasta qué punto no nos damos cuenta que el Estado ya cuenta con muchas de las herramientas de la sociedad de control.
