El viernes tuvo lugar un ministeriazo, aunque no es hasta hoy lunes que hemos leído el texto final de la Ley de Economía Sostenible aprobada en el consejo de ministros, que tan rotundo rechazo recibió hace unas semanas y que originó uno de los momentos más vibrantes que hemos tenido en la internet hispana recientemente (el manifiesto). [Hemos dedicado varios posts a este proyecto de ley.]
Estos días se supo que el gobierno pretendía aprobar exprés una nueva versión de la LES. La nueva versión, sin embargo, recibió las inmediatas críticas ciudadanas, acusándola de ser mero teatro político y no haber cambiado demasiado su contenido. La comisión de propiedad intelectual, dependiente del ministerio de cultura se mantiene y el caso será tratado de forma rutinaria en las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, tal como queda descrito en las Disposiciones Finales del documento.
Pese a ser una noticia nefasta, el análisis de esta propuesta es más que interesante.
Lo cierto es que en las horas previas a la aprobación, los blogs hervían de rumores acerca de la nueva ley. Paloma Llaneza preconizaba algo que al final se ha visto confirmado (y así lo entienden también personas como Andy Ramos): que quizá los cierres se harían siguiendo la vía administrativa, lo cual no pintaba nada bien para la libertad de expresión. Esto pone todas las cartas a favor de los denunciantes (típicamente las gestoras como Sgae, Cedro, y similares) y de quien quisiera censurar preventivamente una web: costes casi nulos (lo paga todo el Estado) que desembocarían en peticiones masivas de cierres preventivos (así funciona la vía administrativa) y urgentes (trámite que tendrá lugar en 4 días) de todo tipo de páginas «sospechosas» casi sin consecuencias derivadas de las peticiones desestimadas y la obligación para las webs de cerrar mientras el recurso (si hubiera tal cosa) se resuelve. Así que, por decirlo en breve, el rumor de la vía administrativa pintaba fatal para nosotros (en el lado de la libertad de expresiónm y una mirada constructiva hacia el futuro de la sociedad digital).
Lo cierto es que el proyecto de ley aprobado es más inquietante aún, pero a la vez constituye un paso más hacia la salida del armario del Estado en temas de propiedad intelectual.
La LES prevé que el tribunal último (de hecho el único, pues habrá una única instancia judicial) encargado de cerrar páginas webs por motivos de infracción en propiedad intelectual sea la Audiencia Nacional. Una frase aparte para asumirlo: la Audiencia Nacional ha recogido las competencias judiciales últimas de las infracciones por propiedad intelectual. Además, se mantienen los supuestos ya previstos, como que los titulares de derechos podrán apelar a una comisión dependiente del ministerio de cultura. Lo único añadido es que, al final, si se cursan todas las reclamaciones, la decisión última recae en ese tribunal singularísimo, ciertamente particular, que es la Audiencia Nacional.
Para el que no lo tenga presente, la Audiencia Nacional es un tribunal cuyo único fin es tratar los delitos que atentan contra la naturaleza del Estado. Normalmente: fraudes fiscales enormes (los fraudes fiscales de poca monta no son gestionados en la AN), terrorismo, … ¿propiedad intelectual?
Que el Estado reconozca que los asuntos de propiedad intelectual competen a la Audiencia Nacional representa una confirmación de qué nivel de importancia da el Estado a estos asuntos, confirmando la vieja tesis de que el Estado ve en la arquitectura distribuida de la red (que no mantiene su estructura de poder) un verdadero peligro para su integridad, de forma que hace todo lo posible por destruir esa arquitectura. Y si para conseguirlo hay que apelar a un tribunal tan peculiar como la AN, lo harán.
Adicionalmente, como bien apuntaba Gorka el sábado mientras charlábamos, llevar los casos directamente a una sala de la Audiencia Nacional en lugar de en las diferentes audiencias provinciales (más de 40) tendrá como consecuencia el facilitar la toma de decisiones en una única dirección, que además tratándose de la AN podría ser la dirección contraria a la que hemos visto reiteradamente en las diferentes audiencias provinciales (en las que estos temas se saldan casi siempre con sobreseimientos o sin cargos para el demandado). De reducción de la entropía en las decisiones (no va a haber más de 40 jueces decidiendo, sino un número mucho más reducido) podría surgir una jurisprudencia fuerte al respecto de estos temas en el sentido deseado por el Estado, que quizá no podría obtenerse de otra forma.
Hace años venimos diciendo que la propiedad intelectual es una excusa para desarrollar herramientas que permitan controlar la red: al final la herramienta que impide que compartas un disco, impedirá que compartas la información que sea (si hiciera falta impedirlo). En realidad, estamos viviendo la batalla por el control de internet.
Ya en septiembre decíamos que la legislación en materia de propiedad intelectual iba a ser endurecida. De hecho, no se han hecho esperar y esta reforma es una noticia terrible, pero con ella el Estado se destapa un poco más y nos muestra claramente (para que los incrédulos vayan saliendo de su escepticismo) de qué va todo esto. ¿Estaremos a la altura del órdago que se nos lanza, poniendo todo de nuestra parte por mantener la red lo más libre y distribuida posible?
Me han llamado la atención dos cosas:
Primero, que sea la Audiencia Nacional, órgano creado inicialmente para combatir el terrorismo de ETA (y al que le han ido añadiebdo competencias circunstanciales) el encargado de sentenciar este tipo de delitos.
Segundo, que se haya establecido todo un record de velocidad judicial para estos pleitos que ya lo quisieran la mayoría de perjudicados que acuden al juez pidiendo justicia.
Debe ser como comentas, que estamos ante un tema muy, pero que muy sensible.
Lo de los plazos clama al cielo. Recordemos que hay cientos de miles de sentencias sin ejecutar (más los casos que esperan resolución, más…, más…) y ahora se fabrican una línea directa con la AN y en cuatro días todo finiquitado. Es soprendente, y da para mucha reflexión, sin duda.
Recurso hay. Pero la vía que se sigue, como el propio nombre del tribunal competente indica, es la administrativa. Con lo que la web te la cierran sin juicio. Lo que puedes hacer luego tú es reclamar por ese cierre ante lo contencioso administrativo, de forma que el cierre te lo comes hasta que no se resuelva el recurso.
¿Por qué la audiencia nacional? Muy sencillo. Saben, y de dominio público es, que los jueces han sido ecuánimes en sus sentencias, y a pesar de que hubo algunos díslocos y que actuaban como perros del Estado, el buen criterio del Supremo en vía civil (que es la propia de este tipo de cosas), ha desestimado montones de demandas de la SGAE y otros individuos de semejante calaña, protegiendo al ciudadano de esos abusos. Y eso el Estado lo sabe. Sabe que la jurisdicción ordinaria nos da garantías.
Bien, se emplea la Audiencia Nacional por lo que se emplea siempre ese tribunal. Porque es un tribunal de excepción, es el tribunal de la Santa Inquisición, es un Juicio Regio, es el Tribunal de la Quizarate. Son los perros del Estado, son los que sentencian lo que el Estado quiere que sentencie, para eso se creó la Audiencia Nacional. Para que los Terroristas no escapen a la «aleatoriedad» de la justicia ordinaria y obtengan una condena segura, inocentes o no.
Más que la cuestionable vía judicial empleada, es reseñable que se use la vía administrativa para un tema puramente civil. Si yo plagio a alguien, ese alguien viene y me demanda, si yo me enriquezco injustamente a costa de alguien, ese alguien me demanda. Pero en este caso es el Estado, y más concretamente nuestra actual totalitaria administración, la que defiende los intereses de su base de poder en vía administrativa. Desprotegiendo al ciudadano y mereciéndose una justiciera patada en la boca todos y cada uno de los diputados que, estoy seguro, siguiendo órdenes del partido, votaron esta puta mierda pinchada en un palo.
Este país necesita un cambio político ya, hace tiempo que el PSOE ha logrado sobrepasar todas las barreras y da la impresión de que puede hacer lo que le dé la gana al margen de cualquier posible control.
Está claro que lo del actual gobierno es para escribir un libro de cómo no se deben hacer estas cosas, pero se equivoca el que piense que PP (recordemos que ya en 2005 ellos pretendían, directamente, eliminar el derecho a copia privada) ni IU (si alguien aún piensa en IU, digo, que no olvide que su portavoz en este tema es pro-sgae total) van a ponerse de nuestra parte.
No, el Estado no está por nosotros. Por eso el reto es nuestro: superar esta lógica aplastante y construir entre todos la red que queremos, a pesar del Estado. Porque éste no nos va a ayudar. Es nuestra tarea y estamos sólos, los ciudadanos. Así son las cosas.
Como siempre, ¡muchas gracias por el comentario! ¡Un saludo!
No, si con cambio político precisamente el menos deseable para suceder ese cambio es el PP. Y cualquiera de las otras fuerzas políticas mayoritarias. Porque vienen a ser lo mismo. El cambio político debería ir en la dirección de comprender que internet es una realidad separada. Que ellos se dediquen a sus asuntos terrenales y nos dejen el ciberespacio a los que lo construimos día a día.
Que no hay ni un problema, que malo será que no haya un jakker y la destituyan a esta petarda. Pero el problema es el mismo y no nos despistemos, ni con crucifijos ni píldoras ni tonterías, que hay 4 millones de parados
Manuel, pero no mezclemos churras con merinas. Hay mucho paro, y el trabajo que hay (para colmo) está pagado de forma bastante mediocre, pero si alguien cree que con este tipo de leyes se facilita la innovación, la creación de empleo en sectores dinámicos (industrial, tecnológico) que añadan valor añadido al trabajo de las personas para diferenciarnos de los países tercermundistas, se equivoca.
Podemos comenzar a debatir sobre el cambio climático, pero tampoco creo que sea el tema. Esta ley es lo que es: toda una demostración de cómo el Estado defiende lo suyo, de cómo este gobierno en concreto hace las cosas en la oscuridad (allá donde países de nuestro entorno europeo -deberían suponer una referencia, no vinculante, pero en apertura deseable- lanzan plataformas para la masiva participación ciudadana).
Los jakkers como usted parece llamar a esas personas que llevan a cabo actividades delictivas no deberían ser la esperanza: la esperanza es que nadie se vea obligado a saltar por encima de una ley que es a la vez inútil e injusta. No es que la tecnología no pueda ser usada contra la ley, es que hay que luchar para que la ley esté bien diseñada. Esta no lo está.
Y podemos hablar del paro y del algodón de azúcar, pero no es el tema.
Un saludo,
Este ha sido el único comentario a este asunto que ha dado en el clavo. Déjate tú de cancioncitas de Ramoncín. La Red Distribuida es un peligro para el poder establecido y por eso asuntos relacionados con la Red pasan a ser responsabilidad de la Audiencia Nacional, esos jueces que se dedican a casos de mafias, terrorismo y corrupción extrema: las amenazas al Estado.
Hay dos lecturas. Una, la rápida, es «qué vergüenza que en la AN pierdan el tiempo con casos de P2P en lugar de terrorismo y tal y tal». La buena es la tuya: esto no es casualidad ni es tontería, está hecho muy pero que muy a propósito.
Un saludo.
Si hay una casualidad en todo esto es la de que hayan pensado que con este movimiento ganaban más (en control judicial) que lo que perdían destapando cartas…
Toca lo de siempre, aguantar el chapetón y promover alternativas…
Habría que jugar su juego montar un lobby de internet para hacer presión de la misma forma que hace el culturetariado pero con objetivos mucho más nobles :-) .
E incluso apoyar iniciativas del tipo partido pirata para hacer presión legislativa si consiguen escaños.
Pingback: http://www.derechoaleer.org/2010/03/espana-gobierno-aprobo-ley-sinde.html.