Más allá de que la geolocalización permanente pueda incrementar la asimetría de la información existente entre los dos firmantes de un contrato, típicamente dándole ventaja al prestador de servicio que exige tal geolocalización, lo perturbador del que una empresa registre tu posición en cada momento (más allá de que san Jobs lo hiciera a hurtadillas) es que dado el tiempo suficiente, todo es usado para fines no previstos inicialmente; donde el tiempo suficiente no son eones ni muchísimo menos. Se descubrió estos días que TomTom vendió la información que sus dispositivos registran acerca de sus clientes a la policía holandesa. Una buena amiga, que vivió en Amsterdam más tiempo del que quizá habría querido, siempre me dice que «Holanda es un país en el que todo está permitido, si pagas el impuesto adecuado». Y ése es el problema: si todo lo que legitima cierto comportamiento es una mera transacción comercial, un medebes-tepago enmarcado en licencias estatales y cláusulas contractuales fruto de la desconfianza, sencillamente no se dan las condiciones para que muchos de nosotros entreguemos una valiosa información personal. No es sólo que nos den la estampita y ellos se hagan ricos (allá cada cual), es que, como el caso de TomTom, se harán ricos dejando a sus clientes a los pies de los caballos… del Estado.
En el que aprendemos porqué no nos gusta la geolocalización obligatoria
